El incremento sideral de las tarifas de servicios públicos se cierne un a vez más sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Proyectos educativos, de contención de emergencia alimentaria que funcionan en los barrios son las víctimas previsibles de una política de ajuste que no solo ponen un freno al consumo, sino que destina cifras astronómicas a los sectores de la economía concentrada. Esta lógica de los manuales del neoliberalismo no es ajena a esta provincia. Mientras el gobierno de Gutiérrez persiste en el sostenimiento de escuelas empresa con subsidios millonarios, proyectos de gestión social deben cerrar sus puertas por el ahogo financiero producto de los últimos tarifazos.
Esta situación no nos es desconocida: la política de ajuste que hoy afecta a toda la sociedad, que pone en peligro a las universidades, que hace peligrar las fuentes de trabajo, que significa el hambre lisa y llana para el pueblo, no es problema de un sector. Ya es problema de todos y todas. Por eso convocamos a toda la sociedad a marchar contra el tarifazo, como un acto de defensa propia ante el hambre y la decidia de los gobiernos provinciales y nacional.